15 Pausa forestal total en áreas protegidas y veda definida de especies en peligro de
extinción

Como medida urgente para evitar la degradación o pérdida de los bosques ubicados dentro de las áreas “protegidas” se propone hacer una pausa total de explotación comercial de madera en áreas protegidas, y más bien, permitir la recuperación natural de las áreas de bosques que han sido taladas. Todo esto acompañado de un inventario de productores, propietarios y propiedades dentro de las áreas protegidas, para comprender el estado actual de la propiedad y tenencia de la tierra como medida fundamental para ordenar el uso del territorio de las áreas protegidas.

Asimismo, tiene sentido una veda definida por un periodo determinado de años, que permita que se recuperen las poblaciones de especies en peligro de extinción a niveles adecuados para soportar una explotación controlada; y si esto no se logra en el tiempo fijado, por ejemplo, porque su hábitat no está siendo protegido, la veda debería continuar de forma indefinida.

16 Incentivos financieros y fiscales para la producción de madera, leña y carbón en
plantaciones o asocios agro-silvo-pastoriles, y para la conservación a pequeña escala.

Como prioridad nacional se debe establecer un plan de incentivos y capacitación para la producción de madera, leña y carbón en sistemas agro-silvo-pastoriles, de manera que el productor agrícola y ganadero pueda también producir madera, leña y/o carbón dentro de su finca, ya sea para su consumo o para la venta, contribuyendo así al mantenimiento mínimo de cobertura forestal en áreas agrícolas, favoreciendo a la conservación, pero también al mismo sistema productivo.

También se propone el desarrollo de incentivos financieros que motiven la conservación del bosque y su biodiversidad; por ejemplo, pagos por servicios de ecosistemas o Pagos por Servicios Ambientales (PSA), financiamiento de carbono, o esquemas de pago de protección de cuencas hidrográficas o para la protección de la vida silvestre crítica. Otros posibles incentivos al “productor-conservacionista” también pueden ser, la exoneración del pago de Impuesto de Bienes Inmuebles a las áreas de las propiedades en donde se establezcan estrategias de conservación, plantaciones forestales o donde se realicen planes de manejo sostenible, incenti-vando además la apertura de mercados. Esto también implica, desarrollar y apoyar las asociaciones público privadas con oportunidades de microempresas, por ejemplo, el diseño y comercialización de programas de turismo sostenible a largo plazo, y programas de conservación que incluya la capacitación y empleo para guías y otro personal en reservas privadas de vida silvestre y zonas naturales de importancia social (como por ejemplo en el cuido y manejo de fuentes de agua).

17 Inventario nacional agropecuario y plan de desarrollo de la agroecología

El principal problema y la principal amenaza para nuestros bosques es el crecimiento de la agricultura y la ganadería extensiva. Es necesario realizar un inventario nacional agropecuario para sustentar y dirigir un plan de desarrollo de la agroecología, que haga de la agricultura y la ganadería actividades más eficientes, más productivas y menos destructivas para el bosque, el agua, los suelos y la biodiversidad en todo el territorio nacional, acorde con el uso potencial del suelo y las características climáticas de cada región.

18 Desincentivos para quemas agrícolas

Es necesario disponer de mecanismos de supervisión, control seguimiento y aplicación de las leyes para prevenir a toda costa la ocurrencia de incendios forestales. Esto pasa por el ordenamiento territorial, el cambio de prácticas agrícolas y ganaderas, y la aplicación de las leyes nacionales en materia de delitos ambientales para los responsables.

19 Moratoria para la minería metálica

Es importante, que se promueva la moratoria de la minería metálica en el país, considerando su inviabilidad y costos socioambientales para el país. Esta iniciativa de ley debe nutrirse del debate y el diseño de una agenda de desarrollo y democratización del país, teniendo como trasfondo la región y el contexto mundial. Esta dinámica debe contar con la participación de todos los sectores del país, entre ellos, organizaciones sociales, de derechos humanos, defensores ambientales, representación de comunidades indígenas y afrodescendientes, sector campesino, academia, público, entre otros.

20 Protección y garantías para los pueblos indígenas

Algunas acciones afirmativas por implementar para revertir la discriminación histórica que han sufrido los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua son: i) El Estado debe devolver la capacidad de los pueblos indígenas para ejercer sus derechos, entre ellos el derecho a la libre determinación y el consentimiento libre, previo e informado, e implementar estructuras de gobierno legítimos para promover y defender su soberanía alimentaria y aspectos relativos al desarrollo. ii) El Estado debe realizar el proceso de saneamiento en coordinación con las autoridades indígenas y afrodescendientes de los territorios titulados para así reducir el nivel deconflictividad actualmente ocurriendo en los mismos. iii) El Estado de Nicaragua debe acatar las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte IDH en favor de las 12 comunidades indígenas Mískitu y Mayangna atacadas por los colonos y las medidas otorgadas en favor de los defensores de derechos humanos de CEJUDHCAN. Asimismo, el Estado debe tomar las medidas necesarias para prevenir, investigar, sancionar y remediar las violaciones en contra de las comunidades indígenas Mískitu y Mayangna. iv) el Ejército de Nicaragua debe desmantelar y desarmar inmediatamente a los colonos armados y proteger a los individuos y pueblos indígenas de actos ilegales y violentos como son los ataques que han venido sufriendo de manera sistemática y reiterada desde 2015. v) El Estado debe realizar las investigaciones efectivas, independientes e imparciales para establecer la verdad y asegurar la rendición de cuentas por las violaciones y abusos cometidos, identificar, procesar y penalizar adecuadamente a los presuntos responsables. vi) El Estado debe permitir el acceso al país del Relator Especial de Pueblos Indígenas y a otros mecanismos especiales del Consejo de DDHH de la ONU, la OACNUDH, y a la CIDH para investigar el caso de las comunidades indígenas Mískitu y Mayangna atacadas por los colonos y buscar solución al problema, según se le ha solicitado reiteradamente. Finalmente, vii) El Consejo de Derechos Humanos debe monitorear la evolución de la situación de los pueblos indígenas Mískitu y Mayangna que están siendo atacados y alentar a la Asamblea General de la ONU a actuar de la misma manera.

21 Generación de conocimientos y formación de profesionales de la conservación y
monitoreo de ecosistemas terrestres y marinos

No se puede pretender conservar el medio ambiente, sin estudiar sus bondades, atributos y beneficios. Mientras más conocemos del mismo, más valor le daremos como nación. Al mismo tiempo que se genera información, se debe formar nuevos profesionales de la conservación que puedan continuar y heredar el esfuerzo emprendido en las siguientes generaciones. Esto será posible con el involucramiento de universidades autónomas, independientes, al servicio del país, que promuevan la investigación científica desde carreras afines a la conservación. De igual manera es necesario gestionar el apoyo de la cooperación internacional y los organismos de la sociedad civil para formar y capacitar al personal del Estado en todos los niveles, sobre la nueva visión de gestión del territorio.