VII Estado de Derecho Ambiental

Los nicaragüenses han pagado con lo más preciado, su libertad y su vida, la renuncia
de los poderosos al Estado de Derecho.

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible garantizan el fortalecimiento del estado de derecho ambiental. Si bien el resultado de un buen estado de derecho cruza todas las líneas de los ODS, uno (1) de ellos es vital en el cumplimiento del estado del derecho ambiental. Los nicaragüenses nunca pueden volver a renunciar al pleno ejercicio del estado de derecho, la violación sistemática y profunda en todo el andamiaje jurídico e institucional que garantiza la estabilidad social, la democracia y la paz son los pilares sobre los que se debe refundar la nación.

Objetivos

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

Metas e Indicadores

1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad generada por conflictos sobre los recursos naturales y la tenencia de la tierra.

• Número de casos verificados de asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria de periodistas, confiscación de bienes a organizaciones civiles, miembros asociados de los medios de comunicación y defensores comunitarios/locales de medio ambiente y recursos naturales.

• Muertes relacionadas con conflictos por tenencia de la tierra y/o recursos naturales, desglosadas por sexo, edad y causa

• Proporción de la población indígena y afrodescendientes que ha sufrido violencia física, psicológica o sexual.

• Proporción de comunidades indígenas que han sufrido desplazamientos por actos violentos.

2. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

• Proporción de víctimas de violencia que han notificado su victimización a las autoridades competentes u otros mecanismos de resolución de conflictos reconocidos oficialmente.

• Proporción de detenidos por temas relacionados a la defensa de la tierra y los recursos naturales que no han sido condenados en el conjunto de la población reclusa total.

• Número de denuncias y demandas ambientales antes los tribunales de justicia (fiscalía ambiental, procuraduría ambiental y juzgados civiles o penales).

3. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas en todas las instituciones vinculadas a la gestión ambiental.

• Proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a un funcionario público, o a las que un funcionario público les ha pedido un soborno.

• Proporción de negocios que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a un funcionario público, o a los que un funcionario público les ha pedido un soborno.

4. Crear en todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas sobre la gestión ambiental.

• Gastos del gobierno en proporción al presupuesto aprobado originalmente, desglosados por sector (o por códigos presupuestarios o elementos similares) y asignado a las instituciones simplificadas de la gestión ambiental.

• Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos vinculados a la gestión ambiental.

• El registro de la evaluación de desempeño anual de funcionarios y empleados en base a su mandato legal y planes operativos.

5. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades y demandas de la población.

• Proporciones de asambleas realizadas (desglosadas por sexo, edad, y grupos de población) en las instituciones públicas (asambleas legislativas nacionales y locales, administración pública, poder judicial), en comparación con la distribución nacional.

• Proporción de la población que considera que la adopción de decisiones es inclusiva y responde a sus necesidades, desglosada por sexo, edad, discapacidad y grupo de población.

6. Ampliar y fortalecer la participación en las instituciones de gobernanza regional y mundial.

• Proporción de funcionarios y sociedad civil que participan en los organismos internacionales (divididos por institución, edad, sexo) estos incluyes los mecanismos regionales derivados de la ALIDES, OEA, Naciones Unidas.

• Informe de actuaciones de los funcionarios públicos que participan en convenciones, cumbres y reuniones, regionales y mundiales.

7. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

• Número de documentos disponibles en plataformas virtuales o centros de documentación sobre concesiones, licencias, permisos, planes de manejo, estudios de impacto ambiental, o cualquier otro documento vinculado a la gestión ambiental.

• Número de demandas por no aplicar las garantías constitucionales, legales o normativas para el acceso público a la información en las instituciones vinculadas a los recursos naturales y ambientales.

8. Existencia de instituciones nacionales o locales independientes de derechos humanos/ ambientales, en cumplimiento de los Principios de París.

• Cantidad de organizaciones registradas en todos los niveles que participan en la gestión del ambiente y de los recursos naturales.

• Proporción de las organizaciones que declara haberse sentido personalmente discriminada o acosada por motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

9. Registro de denuncias por áreas contaminadas (agua, suelos y aire) y uso indebido de los recursos naturales.

• Registro anual por área de los incendios agrícolas.

• Registro anual de cantidad de desechos sólidos y líquidos tratados.

• Registro anual de cuerpos de agua dulce contaminados