La OIT investigará a Nicaragua por incumplir Convenio 169 y mantiene abierta una Comisión de Encuesta pese a la salida del país. Te explicamos de qué se trata y cuáles son las consecuencias.
La Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se realizará la próxima semana en Ginebra, hará una revisión del incumplimiento del Convenio 169 por parte de Nicaragua. Este tratado internacional, ratificado por el país en 2010, obliga a consultar a los pueblos indígenas sobre decisiones que afectan sus territorios y derechos.
El “Caso Individual 22”, que será examinado durante la conferencia, fue incorporado tras la denuncia y seguimiento de organizaciones indígenas y activistas. Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, celebró en su cuenta de X la inclusión de este tema.
El día de ayer se logró que se incluyera la revisión del incumplimiento del convenio 169 por el régimen #OrtegaMurillo, dentro de los 24 casos de la Conferencia Internacional del Trabajo. El próximo martes 10 de junio se desarrollará la sesión. #SOSNicaragua pic.twitter.com/5XYFz8Qxzz
— Amaru Ruiz (@AmaruRuiz) June 4, 2025
El Convenio 169 es fundamental para proteger los derechos de pueblos indígenas y tribales, garantizando su consulta previa, libre e informada en decisiones que afectan sus modos de vida y territorios ancestrales.
En Nicaragua, las comunidades Mayangna y Miskito han denunciado violencia, despojo y la falta de consulta, con incidentes como el asesinato de cinco personas en marzo en Wilu, Sauni As, por grupos armados vinculados al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Comisión de Encuesta se mantiene
Paralelamente, la OIT mantiene abierta una Comisión de Encuesta contra Nicaragua, uno de los mecanismos más severos del organismo, activada por denuncias de violaciones graves a los derechos laborales, incluyendo persecución a sindicatos y empresarios, cierre de organizaciones y actos de intimidación.
A pesar de que Nicaragua anunció su salida de la OIT en febrero de 2025, el proceso tarda dos años, tiempo en que el país sigue obligado a cumplir con los convenios y está sujeto a investigaciones y sanciones.
Si durante la revisión se confirma el incumplimiento del Convenio 169, Nicaragua podría enfrentar serias consecuencias internacionales, tales como sanciones diplomáticas, restricciones comerciales y la pérdida de apoyo en foros multilaterales.
Además, la OIT puede emitir recomendaciones obligatorias y, en caso de falta de cooperación, llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), lo que implica un aumento significativo en la presión política y jurídica sobre el régimen.
Estas acciones se suman a otras medidas ya en vigor, como las restricciones de visa impuestas por Estados Unidos a funcionarios nicaragüenses, que buscan forzar al régimen Ortega-Murillo a respetar los derechos humanos y cumplir con sus obligaciones internacionales.
La inclusión del caso en la Conferencia Internacional del Trabajo y la activa Comisión de Encuesta refuerzan la vigilancia internacional sobre Nicaragua y su responsabilidad de proteger los derechos de sus pueblos indígenas conforme a la normativa internacional.