Orteguismo atenta contra la libertad de asociación en Nicaragua
Informe de la Fundación del Río y Popol Na detalla que, entre 2007 y 2020, el régimen ha implementado “cuatro etapas” de violaciones
Las restricciones legales y violaciones a la Constitución se han convertido en una amenaza contra la libertad de asociación en Nicaragua, que tienen su origen en una política de “graves violaciones a los derechos fundamentales” por parte del Gobierno, según un informe de dos oenegés locales.
De acuerdo con el informe, emitido por la Fundación del Río, dedicada a temas ambientales, y la Fundación Popol Na, que promueve la participación ciudadana, Nicaragua atraviesa una “cuarta etapa” de violaciones a la libertad de asociación, que “se caracteriza por la consolidación de un marco legal restrictivo a las organizaciones sin fines de lucro, para pretender justificar jurídicamente las agresiones”.
El Gobierno del presidente Daniel Ortega, que tiene bajo su control todos los poderes del Estado, incluyendo la Asamblea Nacional, ha utilizado al menos 31 mandatos legales para “restringir” el derecho a la asociación, con lo que ha violado unas 11 normas internacionales, algunas de las cuales protegen a la niñez, mujeres, trabajadores, pueblos indígenas, entre otros, indica el estudio.
Subraya que a partir de 2007 —año en que Ortega vuelve al poder— se incrementaron las violaciones a la libertad de asociación. El primer caso registrado fue el decreto presidencial 114-2007, que ordenó la creación de los “gabinetes del Consejo del Poder Ciudadano”, que se convirtieron — según Amaru Ruíz, director de la Fundación del Río— en un “brazo partidario y represivo de persecución política para todos los que critiquen y se opongan a la Administración de Ortega”. En Nicaragua se calculan más de 16 957 CPC.
El informe detalla que, desde 2007, unos 34 alcaldes del interior del país han sido defenestrados; se han confiscado las propiedades de 17 oenegés acusadas —sin pruebas— de triangular fondos; y se ha perseguido a los movimientos feministas.
Las cuatro etapas
En la “cuarta etapa” existe un “aumento del control, seguimiento, intimidación y restricción del trabajo de las organizaciones internacionales presentes en el país, así como la negativa a entregar los documentos que permiten la operatividad de las organizaciones sin fines de lucro nacionales, y una posterior cancelación de nuevas personerías jurídicas en el país”.
Dicha etapa inició en 2019 y se mantiene en la actualidad, con normativas de control, multas, y el establecimiento de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, y la Ley de Ciberdelitos, conocidas en Nicaragua como “Ley Putin” y “Ley Morzada”, respectivamente.
Según el reporte, las expropiaciones de ONG vistas en 2019 ya se observaban en la “tercera etapa”, desarrollada entre 2016 y 2018, la que se caracterizó principalmente “por el aumento de las presiones a las organizaciones sin fines de lucro que acompañaban a los movimientos sociales que salieron a las calles por la defensa de sus derechos”, lo que incluyó “la cancelación de personerías jurídicas”. Fundación del Río, Popol Na y otras siete oenegés fueron despojadas de sus personerías en diciembre de 2018.
En tanto, la “segunda etapa”, desarrollada de 2011 a 2015, sobresalió por “múltiples violaciones a la libertad de asociación y a otras libertades y derechos civiles”, dirigidas a las organizaciones que defendían los derechos de las personas que rechazaban “los procesos extractivos y megaproyectos” del presidente Ortega, como el del canal interoceánico de la firma china HKND Group.
El documento señala que las restricciones a la libertad de asociación siempre fueron un objetivo de Ortega, quien supuestamente lo evidenció en la “primera etapa”, por medio de un discurso que buscaba el control político “sobre todo de los fondos para el desarrollo que llegaban a las organizaciones sin fines de lucro”.
“En esta etapa se socava el modelo de participación ciudadana y se inician las primeras restricciones a las diversas formas asociativas, tratando de coartar, deslegitimar y disminuir sus capacidades de incidencia en espacios públicos y en las dinámicas políticas del país”, puntualiza el estudio.
Notificación a directora
Mientras presentaba el informe, la directora ejecutiva de Popol Na, Mónica López Baltodano, fue notificada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), acerca de “un llamado de atención” en su contra desde 2018.
“Mientras estábamos en el evento online vino un oficial notificador de la Corte Suprema de Justicia, a mi domicilio, a dejarme una notificación en donde el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia me hace un ‘llamado de atención’ por una supuesta entrega extemporánea de mi Índice de Protocolo de 2016”, escribió López Baltodano en un mensaje dirigido a los medios de comunicación.
“Es un proceso del cual nunca me notificaron, y me lo hacen llegar hasta hoy, 27 meses más tarde de supuestamente haberlo emitido. Justo el día en que estamos presentando nuestro informe”, comentó la activista.
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